Cada 90 minutos una mujer es violada en Estados Unidos. En el planeta hay 60 millones de niñas menos porque han resultado víctimas del aborto selectivo y de cuidados deficientes dentro del seno familiar. A 135 millones de mujeres en el mundo se les ha practicado la ablación genital femenina y otros dos millones se hallan a las puertas de sufrirla. El 70% de las mujeres asesinadas mueren a manos de sus novios o maridos en crímenes que, la mayoría de las veces, no se investigan... Ante la alarmante discriminación que padecen las mujeres, Amnistía Internacional ha decidido dedicar gran parte de su esfuerzo a promover el respeto de los derechos de las mujeres en todo el planeta, apoyando la labor de cientos de organizaciones de mujeres y dándole proyección internacional a su trabajo. La campaña, de dos años de duración y centrada en dos vertientes fundamentales de las violaciones de derechos humanos de la mujer, la violencia familiar y en conflictos armados, encuentra en la Red una potente arma de demanda social. La organización pide a la sociedad civil que actúe exigiendo a los Estados que cumplan con su responsabilidad y desarrollen leyes que protejan especialmente a las mujeres. Un total de 79 países no tienen leyes de violencia de género. No hace falta irse al Tercer Mundo ni hasta una nación en guerra para comprobar que las mujeres son víctimas de violaciones de derechos humanos. Aquí mismo, en España, en 2003, 81 mujeres fueron asesinadas a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales, suponiendo esta cifra un aumento del 50% respecto al año anterior. La falta de plazas en los centros de acogida y la diferencia en los sistemas de protección respecto de una autonomía a otra son dos deficiencias española en materia de violencia de género que denuncia Amnistía con esta campaña. Si una mujer es maltratada, la ayuda que le da el Estado es de 300 euros por un periodo máximo de seis meses, ayuda que se reduce a cero si hablamos de mujeres inmigrantes indocumentadas. Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional, declara al respecto que “un hecho administrativo como no tener papeles no puede ser justificación para una violación de derechos humanos”. |