A partir del 1 de septiembre serán efectivos los recortes sanitarios
que afectan, entre otras, a las personas víctimas de trata en situación
irregular. Las víctimas de trata que no dispongan de un permiso de
residencia y trabajo quedarán, de hecho, en una grave situación de
vulnerabilidad, a no ser que en las próximas semanas se introduzcan
modificaciones que reconozcan su situación excepcional.
El Proyecto Esperanza ha elaborado un documento, Derecho
a la Asistencia Sanitaria para Víctimas de la Trata de Personas, en el
que se analiza el impacto que tiene sobre la salud de las víctimas del delito
esta traumática experiencia y se fundamenta la responsabilidad que tiene el
Estado de prevenir, proteger, reparar y compensar a quienes han sido víctimas
de una violación de sus derechos humanos.
La legislación internacional, nacional y autonómica vigente
reconoce la vulnerabilidad de las personas víctimas de la Trata de Personas y
establece en su normativa la necesidad de garantizar asistencia sanitaria,
social y psicológica necesaria.
El Proyecto Esperanza, pretende garantizar que las mujeres
víctimas de trata puedan continuar accediendo al sistema sanitario de forma
gratuita, con independencia de su situación administrativa, partiendo de la
base de que estas personas son víctimas de una grave violación de los derechos
humanos.
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