La tragedia de Lampedusa (Italia): más de trescientos
inmigrantes ahogados cuando intentaban llegar a la costa europea en una
barcaza que partió de Libia y acabó en el fondo del mar, hizo que el presidente
de la República italiana, Giorgio
Napolitano, pidiera “una reflexión sobre esta vergüenza”.
Napolitano no concretó a quién invitaba a reflexionar, si al mundo entero, a la
Unión Europea, o a Italia, donde, según los testimonios de algunos
supervivientes, los patrones de los tres barcos pesqueros que navegaban cerca
de la barcaza, vieron el fuego que los inmigrantes habían hecho para pedir
ayuda y no les socorrieron.
Pietro Grasso,
presidente del Senado, propuso suavizar la llamada ley Bossi-Fini, que
castiga a los que socorran a inmigrantes indocumentados, pues se especula con
que el temor a las sanciones pudo disuadir a los pescadores de ayudar a estas
personas.
Pero que nadie piense que en España sería diferente. Según
la reforma del Código Penal que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene prevista
quienes faciliten la entrada, acojan, ayuden o alojen a inmigrantes
indocumentados incurrirán en delito punible y podrán ser castigados con dos
años de cárcel.
Algunos colectivos de ayuda a los inmigrantes se movilizaron
en abril pasado y han recogido más de 100.000 firmas con la campaña “Salvemos la hospitalidad”, promovida por la organización: Salvemos la hospitalidad.
Más información: Salvemos la hospitalidad
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